El hecho de que, a quienes elegimos para administrar los bienes comunes y hacer cumplir las leyes recibiendo un sueldo a cambio, se aprovechen para enriquecerse y sean ellos los primeros en infringir la legalidad, es motivo más que suficiente para que las organizaciones políticas a las que estos individuos pertenecen se disculpen públicamente ante la ciudadanía, actúen con determinación contra los corruptos y corten de raíz cualquier comportamiento sospechoso en este sentido. Sin embargo, nada de eso suele estar en sus agendas: rara vez se disculpan; cuando castigan a sus cuadros públicos involucrados en algún episodio de corrupción, sólo aplican los estatutos a los cargos de segunda y tercera filas, protegiendo a los que están en primer nivel y tampoco ponen medios ni se muestran contundentes impidiendo el uso de prácticas de financiación irregulares.

Todos sabemos que mucho antes de que asuntos como el caso Gürtel,o el Pretoria lleguen a los juzgados, los aparatos regionales de los partidos políticos donde se producen los hechos tienen más que sospechas de que algo sucio se viene tramando y, sin embargo, callan. ¿Por qué no atajan el problema en sus primeras manifestaciones? A los ciudadanos empieza a cansarnos tanta hipocresía.