A menudo me han escuchado decir que los partidos políticos a veces tienen la obligación de confrontar, pero que las instituciones públicas deben siempre colaborar entre ellas, independientemente de las siglas del partido o partidos que las dirijan. Viene esto a cuento porque me siento absolutamente indignado con la respuesta de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, a la implantación en nuestra región del Plan Escuela 2.0 del Gobierno de España.

Como muchos sabrán, este programa persigue que en cuatro años todos los escolares desde 5º de primaria a 2º de la ESO tengan un ordenador portátil, pizarras digitales y conexión wifi a Internet en todas las aulas. El Gobierno pone un dinero cada año y las autonomías deben aportar una cantidad igual. Pues bien, la Comunidad de Madrid, con la presidenta Aguirre a la cabeza, se va a permitir el bochornoso lujo de no recibir la ayuda gubernamental de 11,1 millones de euros porque, según Figar, “los ordenadores no son adecuados y podría causar problemas de salud al alumnado”. Si eso fuese cierto, el PP debería instar la paralización inmediata de la medida en todo el país, poner encima de la mesa los informes médicos que soporten esta afirmación y abrir un debate público sobre qué tipo de soporte, en este caso ordenador portátil, es más seguro.

Pero lo cierto es que nada de esto se ha producido y entonces la pregunta que debemos hacernos es por qué el Gobierno Regional, de forma sistemática, boicotea la mejora de los servicios públicos impulsada desde el Gobierno de España. No se trata de un hecho aislado, aunque es cierto que es especialmente sangrante y que se traduce en que los escolares de nuestra región no pueden acceder a unos medios que sí están al alcance de los niños y niñas de otras regiones.

El caso es que, casualmente, sólo tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), todas gobernadas por el Partido Popular, no han firmado los correspondientes convenios con el Gobierno de España para la adquisición de los dispositivos informáticos. Esto nos suena al esperpéntico espectáculo del PP valenciano obligando a impartir educación para la ciudadanía en inglés con la intención de boicotear esa asignatura.

El verdadero objetivo del Gobierno del PP en Madrid es la reducción, cuando no el desmantelamiento como es el caso del Centro Joven de Salud de Rivas, de servicios públicos básicos para los madrileños y madrileñas. Esa es la única explicación a decisiones como la suspender la implantación del Plan Escuela 2.0, un proyecto con el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende reforzar uno de los objetivos básicos de la Educación: la igualdad de oportunidades y el acceso a los mejores medios, independientemente de la renta familiar. Porque la educación, como la sanidad y los servicios sociales, son derechos, unos derechos que en Madrid se encuentra en serio peligro.

Para evitar semejante atropello de la administración regional, competente en educación, desde aquí hago un llamamiento para que, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Educación pueda transferir esos fondos, destinados a la compra de ordenadores portátiles para el alumnado, a los propios ayuntamientos y que sea la Administración Local la que se encargue de su implantación.

Ante la vergüenza que nos genera el gobierno del PP puedo garantizarles que este gobierno municipal no tendría ningún problema en distribuir entre los colegios públicos de Rivas esta herramienta informática que, a nuestro parecer, es esencial en la educación de los chicos y chicas.